Crisis hídrica y choque diplomático: el agua divide a México y Estados Unidos

La disputa por el agua entre México y Estados Unidos ha escalado en los últimos meses hasta convertirse en un problema diplomático y político de primer orden para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. El pasado 25 de noviembre, el Departamento de Estado informó que en una reunión bilateral presionó a México para cumplir con sus obligaciones del Tratado de Aguas de 1944, exigiendo la entrega de “la máxima cantidad posible” de agua a los usuarios de Texas. Según Washington, el incumplimiento ha agravado la escasez en ese Estado y causado pérdidas agrícolas millonarias.

El reclamo estadounidense no es nuevo: agricultores texanos, el gobernador Greg Abbott, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins y el senador Ted Cruz han exigido durante meses que México cubra el volumen pactado hace 80 años en el acuerdo que regula el agua de los ríos Colorado, Bravo o Grande y Conchos.

Un ciclo con déficit histórico

El Tratado de 1944 establece que Estados Unidos debe entregar a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado al año, mientras México debe aportar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. Pero el ciclo más reciente (2020-2025) cerró en octubre con menos de la mitad de la cuota mexicana cumplida.

Para Rodrigo Israel González Velázquez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, el tratado es un referente internacional por su antigüedad y por la cooperación binacional que fomenta. No obstante, reconoce que la gestión del río Bravo ha sido mucho más conflictiva que la del Colorado:

“Legalmente, México sí tiene un déficit en sus entregas. En el Colorado ha sido más fácil llegar a acuerdos por medio de actas de la CILA. En el Bravo, llevan desde los noventa sin lograr consensos claros sobre quién debe ceder”, señala.

Sequía, sobreexplotación y mala gestión interna

La crisis hídrica en el norte de México agrava el panorama. Expertos apuntan a la sobreexplotación de acuíferos, el otorgamiento excesivo de concesiones, el rápido crecimiento urbano y una disminución de lluvias de hasta 20% en la región. Todo ello limita la capacidad del país para responder con eficiencia a los compromisos internacionales.

María del Socorro Marquina Sánchez, jurista de la UNAM, recuerda que México debe entregar al menos 1.750 millones de metros cúbicos por cada ciclo de cinco años. Aunque el tratado permite compensar déficits en el siguiente quinquenio, la situación actual es excepcional:

“Estamos en una situación muy crítica porque ni siquiera se ha llegado a la mitad de la entrega requerida. Cada vez estamos peor en el cumplimiento”, advierte.

A nivel político-administrativo, la discontinuidad dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también entorpece la negociación. “Hay cambios constantes de personal. Llegan perfiles que avanzan acuerdos, luego los sustituyen y esos acuerdos dejan de respetarse”, explica González Velázquez.

Presiones desde Washington

La administración de Donald Trump ha endurecido su postura. En abril, el ex presidente amenazó con imponer sanciones a México si no entrega los más de 1.520 millones de metros cúbicos necesarios para satisfacer a los productores agrícolas del sur de Texas.

“Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, sanciones, hasta que México cumpla”, escribió en Truth Social.

Este discurso ha reforzado la presión política desde Estados Unidos, con repercusiones directas en la relación bilateral y en el debate interno mexicano.

Tensiones en casa: protestas campesinas y reforma hídrica

Mientras tanto, el Gobierno federal enfrentó semanas de protestas campesinas en más de 20 estados contra la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Agricultores denunciaron que los cambios planteados por el Ejecutivo restringían la transmisión y renovación de concesiones para uso agrícola. Tras días de bloqueos, Morena y los grupos inconformes negociaron modificaciones para ajustar el sistema de concesiones.

La doctora Marquina advierte que México enfrenta un dilema severo: cumplir con Estados Unidos podría significar desabasto en comunidades del norte del país.

“Si las cosas están mal en casa, difícilmente se podrá cumplir con las obligaciones internacionales. El país tiene infraestructura obsoleta, concesiones excesivas y una gestión deficiente del agua”, señala.

Entre diplomacia y urgencia

La presidenta Sheinbaum afirmó el 30 de octubre que México cumplirá con el tratado “sin poner en riesgo el consumo humano y la agricultura”. Sin embargo, las condiciones actuales hacen esa promesa difícil de sostener sin medidas estructurales.

El Departamento de Estado respondió el 25 de noviembre:

“Continuamos comprometidos a trabajar con México para resolver esta cuestión por la vía diplomática, mientras evaluamos todas las opciones disponibles para asegurar el cumplimiento.”

La crisis hídrica se ha convertido así en un cruce de presiones diplomáticas, disputas internas y desafíos estructurales que exigen decisiones urgentes. El futuro inmediato dependerá de si México logra conciliar su frágil equilibrio entre las necesidades domésticas y las obligaciones internacionales en un contexto de sequía creciente y tensiones políticas en ambos lados de la frontera.