EU sanciona a empresas y personas de Chihuahua por presunto lavado ligado al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra más de una docena de personas y empresas presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas negocios establecidos en el estado de Chihuahua y su propietario.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que estas acciones forman parte de una investigación coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), grupos de trabajo de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, Armando de Jesús Ojeda Avilés es señalado como presunto operador de una red dedicada al lavado de ganancias obtenidas mediante el tráfico de fentanilo y otros narcóticos para beneficio del Cártel de Sinaloa, organización catalogada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.

Asimismo, las autoridades estadounidenses identificaron a Jesús González Peñuelas, actualmente prófugo de la justicia, como presunto responsable de dirigir operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y de coordinar actividades de lavado de dinero para dicho grupo criminal.

Dentro de la estructura investigada aparece el empresario Alfredo Orozco Romero, a quien el Departamento del Tesoro señala como supuesto asesor de seguridad de Ojeda Avilés y encargado de cobrar adeudos relacionados con cargamentos de cocaína.

Según OFAC, Orozco Romero tendría el control de la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V., así como del restaurante Gorditas Chiwas, ambos ubicados en Chihuahua, mediante familiares identificados como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes presuntamente operaban como prestanombres.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que el gobierno de Estados Unidos mantendrá las acciones dirigidas a desarticular las redes financieras y operativas de los cárteles mexicanos, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia ese país.

Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.