Martes 12 de noviembre de 2024
El proceso judicial en el caso de Aras Business Group, relacionado con un fraude millonario, podría tardar más de un año en avanzar debido a un amparo directo promovido por la representante legal de la empresa, Erika Jasso. La abogada explicó que en este tipo de procesos judiciales es necesario notificar a todos los involucrados, un total de aproximadamente cuatro mil personas, lo que alarga considerablemente el tiempo necesario para continuar con el caso.
Jasso detalló que, a pesar del paro en el Poder Judicial Federal, que duró más de dos meses, este no ha influido de manera significativa en los plazos de los procesos judiciales. En su opinión, los amparos indirectos requieren varios meses para resolverse, por lo que los retrasos son comunes en estos procedimientos.
La abogada explicó que presentó el juicio de amparo el año pasado en contra de la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2023, la cual condenaba a Aras Business Group a pagar una considerable indemnización. La solicitud de amparo se basa en que el apoderado legal de la empresa, que fue reconocido por el tribunal, ya no contaba con esa representación en el momento de la sentencia.
El 23 de febrero de 2024, la Jueza Hortensia García emitió una sentencia en la que Aras Business Group fue condenada a pagar una indemnización de 884 millones de pesos y tres millones de dólares a los denunciantes de fraude. La sentencia quedó firme después de que el magistrado Jorge Ramírez desechara las apelaciones presentadas por el abogado Mariano Cordero y Erika Jasso, apoderada de la empresa.
El caso de Aras Business Group ha sido uno de los más mediáticos en los últimos años, debido a la magnitud del fraude y el impacto que ha tenido sobre miles de inversionistas. Los afectados por el caso exigen justicia, mientras que la empresa sigue buscando vías legales para revertir la sentencia.
Con la presentación del amparo y el complejo proceso judicial en marcha, parece que la resolución definitiva del caso podría alargarse significativamente, lo que deja a los afectados en un estado de incertidumbre mientras esperan que se haga justicia.
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