ICE autoriza allanamientos sin orden judicial en medio de ofensiva migratoria

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están ejerciendo poderes ampliados para ingresar por la fuerza a domicilios privados sin una orden judicial, según un memorando interno obtenido por The Associated Press. Esta directriz representa un cambio radical en las políticas históricas de la agencia, que hasta ahora requerían una orden judicial para entrar a hogares, en línea con la Cuarta Enmienda.

El memorando, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, autoriza a los agentes a usar la fuerza para ingresar a residencias basándose únicamente en una orden administrativa (I-205) para arrestar a personas con una orden final de deportación, eliminando la necesidad de la autorización de un juez para el allanamiento. El documento establece que los agentes deben primero tocar la puerta e identificarse, respetando un horario entre las 6 a. m. y las 10 p. m., y otorgar una “oportunidad razonable” para que los ocupantes actúen legalmente. Si esto falla, pueden forzar la entrada.

Esta medida coincide con la expansión masiva de arrestos de inmigrantes por parte de la administración Trump, que ha desplegado miles de nuevos agentes bajo una campaña de deportaciones en ciudades como Minneapolis. Associated Press presenció un allanamiento reciente en la casa de un liberiano en Minneapolis el 11 de enero, donde los agentes ingresaron con rifles desenfundados solo con una orden administrativa.

Grupos de defensa de inmigrantes han señalado que la directiva socava años de recomendaciones legales que instan a los residentes a no abrir la puerta a ICE sin una orden judicial, y advierten que el cambio probablemente enfrentará desafíos legales. Whistleblower Aid, que representa a dos denunciantes del gobierno, calificó la política como una “ruptura total de la ley” y una violación de los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda.

La secretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la medida, argumentando que todas las personas sujetas a órdenes administrativas ya han recibido “el debido proceso completo” y que los agentes hallaron causa probable para el arresto. Sin embargo, no respondió a preguntas sobre la frecuencia de estos allanamientos en domicilios privados desde la emisión del memorando.

El memorando se ha compartido solo con funcionarios selectos del DHS, y los denunciantes tuvieron que divulgarlo bajo estrictas condiciones para alertar al Congreso y al público estadounidense sobre lo que consideran un cambio constitucionalmente problemático en la política de inmigración.